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Por el plan de moratoria de aportes jubilatorios que rigió entre mediados de marzo de 2023 y el 23 del tercer mes de este año se otorgaron beneficios previsionales a 580.623 personas, de las cuales el 40% es de la provincia de Buenos Aires; además, seis de cada diez son mujeres y cuatro de cada diez, varones. El haber mensual promedio en esos casos es un 4,2% más alto que el mínimo y el 90% es equivalente a esa prestación básica, aunque en la práctica durante un lapso de tiempo se cobra menos, ya que se descuenta una cuota para saldar la obligación de pago que la persona contrajo con el Estado con la compra de aportes.En el informe sobre la gestión gubernamental que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió a la Cámara de Diputados –donde expuso durante la tarde de ayer–, se defiende la decisión de no prorrogar la vigencia de ese mecanismo para personas en edad jubilatoria, y se confirma que sigue en pie un plan de compra de aportes para mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años, tal como dispone la ley 27.705 y tal como informó LA NACION en varias notas.“La decisión de no renovar el régimen de moratoria previsional debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”, consigna una de las respuestas del extenso informe oficial. Y respecto de una próxima reforma del régimen que gestiona la Anses, se sostiene que se está en una etapa de preparación de un diagnóstico, sin definiciones concretas sobre los pasos que se buscará seguir.Al programa de compra de aportes disponible para personas en edad activa adhirieron hasta ahora, según lo informado por Francos sobre la base de datos de la Anses, 177.466 personas (132.971 mujeres y 44.494 varones), que adquirieron contribuciones para cubrir 9.805.766 meses. Es decir, se compraron, en promedio, 55 meses por adherente. Se trata de un esquema que permite adquirir aportes correspondientes a períodos mensuales previos a abril de 2012, a un precio por cada uno de ellos que este mes es de $27.917 y que se actualiza según la inflación.Entre las consultas enviadas a Francos por los diputados hubo algunas referidas a la reforma del sistema previsional nacional y, en particular, a la eventual suba de la edad para acceder a la jubilación. El tema ganó actualidad en los últimos días, porque está mencionado en el reporte técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente al acuerdo con el gobierno argentino, recientemente aprobado. En el documento del organismo internacional se menciona que las autoridades del país “preparan una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad”, pero no como una tarea de corto plazo, sino con vistas a diciembre de 2026.En línea con eso, la respuesta ofrecida por Francos a los legisladores es que, según el Ministerio de Capital Humano, se está trabajando en elaborar “un diagnóstico exhaustivo que contempla tanto el análisis demográfico y financiero del sistema, como el relevamiento de experiencias internacionales que puedan servir como guía para analizar pasos a seguir”. Y se agrega que ese trabajo es “fundamental para comprender la situación actual y evaluar, en una etapa posterior, posibles ajustes o reformas. Por el momento, no se ha definido ninguna línea concreta de acción”.De esa manera, no se expresó ninguna definición sobre modificaciones que podrían proponerse o disponerse desde el Poder Ejecutivo para el sistema previsional, descartando las versiones que circulan en diferentes ámbitos. Más allá de eso, el fin de la vigencia de la moratoria para personas en edad de retiro marca el inicio de una etapa diferente de la que se dio en los últimos 20 años. Hoy, del total de jubilaciones en curso de pago, dos tercios corresponden a quienes obtuvieron beneficios adhiriendo a esos planes (establecidos con diferentes regulaciones), por no contar con los 30 años de aportes que exige la ley. Solo en 2024, una de cada cuatro altas de prestaciones jubilatorias fue para quienes recurrieron a una moratoria.De los casos tramitados según el esquema de la ley 27.705, que quedó sin vigencia, el 31% regularizó entre 25 y 30 años de aportes no hechos en su momento; el 32% ingresó por entre 20 y 25 años de contribuciones; el 19% regularizó entre 15 y 20 años, y el 18% ingresó por menos de 15 años.Desde el 24 de marzo último, a quienes no reúnen los 30 años de aportes requeridos por ley les queda solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo (más el bono mensual), si es que no logran alcanzar el requisito para la jubilación ordinaria, ya sea aportando durante un tiempo más, o ya sea comprando contribuciones según el plan antes mencionado para trabajadores en edad activa. Para cobrar la PUAM hay que tener 65 años de edad (varones y mujeres por igual) y pasar un examen socio-económico, ya que la tenencia de un determinado patrimonio o de un cierto nivel de ingresos inhabilita a cobrar la prestación.Según el informe presentado por el jefe de Gabinete de la Nación, ese control socio económico “permite tener ingresos, consumos y un patrimonio muy por encima de la situación de indigencia” y, según se agrega, más del 85% de los solicitantes supera ese control y, por tanto, accede al beneficio. El mes pasado, según el dato oficial, esa prestación fue cobrada por 203.521 personas.El informe defiende también el mecanismo de movilidad de haberes dispuesto por el Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia 274, vigente desde abril de 2024. “La nueva fórmula de movilidad, por la que los haberes previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), permite una respuesta más rápida y precisa a las variaciones en los precios de bienes y servicios. Esto implicó una mejora para todos los jubilados y no solo para los de bajos ingresos”.En rigor, al estar congelado en $70.000 desde marzo de 2024 el valor del bono que cobran quienes tienen los haberes más bajos, la recomposición de los ingresos fue mayor para los jubilados y pensiones de ingresos medio-bajos, medios y altos. Entre abril de 2024 y marzo último (la fecha de inicio del nuevo sistema de movilidad y el último mes del cual hay datos de inflación), los haberes propiamente dichos (sin bonos) aumentaron nominalmente un 107,6%, en tanto que el monto integrado por el haber mínimo más el bono subió un 70,8%, incluyendo en ambos casos una suba extraordinaria que se dio en el cuarto mes del año pasado, adicional a la determinada según la variación del IPC. En ese período, la inflación fue de 55,9%.En mayo próximo, las prestaciones se reajustarán en un 3,73%, en línea con la inflación de marzo. El haber mínimo será de $296.482 y el máximo, de $1.995.041 (montos en bruto y aproximados, ya que aún no se oficializaron). Tras el descuento del aporte para el PAMI, los importes netos quedarán en $287.587 y $1.884.233, en cada caso. En el primer caso, al sumarse el bono de $70.000, el total será de $366.482 en bruto y de $357.587 de bolsillo.

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