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“Un secreto a voces”. Así definió públicamente al escándalo de los aviones y helicópteros privados importados durante la gestión de Alberto Fernández el empresario Marcos Galperin. El caso, que complica a empresarios y políticos, era conocido por muchos y empezó su curso en tribunales en 2022, cuando una investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuan coronó las sospechas. Pero, rápidamente, un abogado conocedor del mundo aduanero hizo una denuncia que apuntó contra cuatro altos funcionarios de Fernández y la causa resultó sorteada, como es usual en varios expedientes que implican a la Aduana, en el juzgado de Ariel Lijo. A partir de ese punto, no hubo imputaciones ni una investigación dirigida a los empleados y directivos de la Aduana que aprobaron o no detectaron los casos de sobrefacturación.La Aduana tiene cuatro principales subdirecciones. La que estuvo particularmente en la mira por estas importaciones es Control Aduanero, que se encarga de detectar ilícitos en las operaciones internacionales. Allí funciona el área de Valoración y Comprobación Documental, que tiene como objetivo formular y radicar las denuncias penales o de infracciones que surjan del análisis de las operaciones. Diego Figueroa, un histórico de la Aduana, encabezó Control Aduanero durante la gestión anterior y sobrevivió en funciones hasta el 30 de agosto de este año. Valoración estaba a cargo de Andrea Muñoz, también vieja conocida del organismo, que tuvo su paso por la aduana de Ezeiza y que continúa en su despacho.Durante el proceso de impugnaciones y avales de la candidatura del juez Lijo para la Corte Suprema, se le pidió al magistrado que aclare si es verdad que contrató en su juzgado a una hija o un hijo de Andrea Muñoz. Así quedó registrado en la pregunta N°168 y en adelante, que en la audiencia del Senado se leyeron de corrido antes de darle la palabra a Lijo, que no respondió en particular sobre esta cuestión ni sobre el avance de la causa de los aviones. Dentro del organismo es un rumor que circula fuerte, asegurado por seis fuentes independientes a LA NACION.Lo curioso es que ninguno de los funcionarios de las dos áreas, ni de ninguna otra de la Aduana, fue denunciado. Pero el juez sí les solicitó –como es usual– colaboración en la investigación: les pidió informes sobre los aviones importados. De las cerca de 300 aeronaves, dejaron afuera de la investigación aquellas que valían US$200.000 o menos. Para el resto, habrían realizado informes y consultas al exterior para verificar los valores reales de las aeronaves. Solamente entre 25 y 32 operaciones habrían sido observadas, pero menos de cinco fueron denunciadas, de acuerdo con fuentes conocedoras del asunto.La causa tramitó en estos dos años, lentamente y en silencio, con impulsos esporádicos. Uno ocurrió el 3 de abril de 2023, cuando Lijo ordenó allanamientos en aeropuertos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Llama la atención que estuvieron orientadas a investigar, según comunicó la Aduana, la sobrefacturación en la importación de 32 aeronaves (por un total cercano a los US$22.000.000) en operaciones concretadas entre enero de 2022 y esa fecha. Es decir, las operaciones que se realizaron con posterioridad a que se inicie la causa penal que investigaba estas maniobras y ya bajo la supervisión de Guillermo Michel, que fue designado en junio de 2022. Sobre el período anterior a 2022 no se habría investigado nada, por lo menos según lo comunicado oficialmente.Después de que transcurrieran 25 días de los allanamientos, el fiscal Eduardo Taiano le pidió al juez Lijo las indagatorias de los cuatro funcionarios señalados por la denuncia del abogado particular Santiago Dupuy Lome: Martín Guzmán, exministro de Economía; Mercedes Marcó del Pont, extitular de AFIP; Silvina Traverso, extitular de Aduana, y Miguel Pesce, expresidente del Banco Central.Matías Kulfas, que tenía a su cargo la Secretaría de Comercio, organismo clave en la aprobación de importaciones, no estaba mencionado en ese requerimiento. Tampoco ninguno de los empresarios ni los dueños de las sociedades que importaron las aeronaves. Ni los funcionarios clave de la Aduana.“Lo llamativo en las conductas objeto de esta pesquisa es que no se advierte un mero incumplimiento sujeto a la negligencia de los funcionarios, sino antes bien, en este estadio procesal se puede avizorar el dolo en el accionar de los sujetos que incumplieron los deberes que por ley le fueron encomendados”, dijo el fiscal, que añadió que los funcionarios no habrían articulado ningún control o mecanismo para investigar estas operaciones. A la fecha, según informaron fuentes judiciales, no se concretaron las indagatorias.En los días que precedieron a esta publicación, LA NACION consultó a cerca de 40 fuentes por estas operatorias. En la Aduana continúan en sus cargos decenas de funcionarios que tienen abiertos procesos penales, como Rosana Lodovico, que fue promovida a titular del organismo con la salida de Michel y desplazada luego de una investigación de LA NACION sobre un préstamo que tomó de una empresa contrabandista. Fue reemplazada por Eduardo Mallea, actual titular. Además, se le hicieron dos denuncias en Comodoro Py, unificadas en un mismo proceso que cayó, nuevamente, en el juzgado de Lijo (pese a que su hermano, el operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo, tuvo una sociedad con el cuñado de Lodovico, como también informó este medio). Sorpresivamente, a los días Lodovico fue reincorporada a la cúpula de la Aduana, como número dos en la subdirección de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.El hecho de que la causa de Lodovico continúe en el juzgado de Lijo es un punto sensible. Freddy Lijo creó en 2018 una empresa junto con Alejandro Omar Lucano, un funcionario de la Aduana, con sede fiscal en uno de los domicilios del primero, en Puerto Madero. “Frekual SA” se dedicaría, según su constitución, a actividades varias relacionadas con lo inmobiliario y las finanzas. Lucano, en ese entonces, era verificador en la aduana de Buenos Aires y su esposa era Alejandra Marta Lodovico, también empleada del organismo y hermana de Rosana Lodovico. Esta última era, en ese entonces, la directora de Aduanas en el aeropuerto de Ezeiza, uno de los puestos más importantes por el control de los courier que ingresan al país por vía aérea.¿Qué tan profundos son vínculos entre esas áreas y Freddy Lijo? Un dato no menor: una de sus hijas, sobrina del candidato a juez de la Corte, trabaja en la Aduana de Ezeiza.Varios consultados refieren que es un momento “incómodo” y de “tensión” para la familia aduanera. La reciente salida de Diego Figueroa disparó sospechas de que podrían continuar los cambios entre los cuatro subdirectores y sus principales dependientes.En este contexto, el viernes pasado ocurrieron dos hechos. El primero, según tres fuentes, es que hubo un operativo –similar a un allanamiento– en la Dirección de Valoración y Comprobación Documental que tiene a cargo Andrea Muñoz. Ante la consulta de este medio, no se explicó oficialmente en el marco de qué causa. El segundo es que Dupuy Lome, el mismo abogado que hizo la denuncia que apuntó al gabinete de Fernández y produjo que la causa de los aviones quede en manos de Taiano, denunció a seis funcionarios de la Aduana por unos contenedores que habrían entrado al puerto de Buenos Aires cargados de aires acondicionados, pero importados como kits para aires acondicionados. Entre los denunciados no están los funcionarios que se encuentran a cargo de las áreas de Control Aduanero. La denuncia cayó en el juzgado de Lijo.

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