Google fue multada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) con una suma de 403 millones de euros. El organismo determinó que la compañía estadounidense incurrió en múltiples infracciones a las normas de privacidad que rigen en el viejo continente, por el seguimiento y monitoreo indebido de la geolocalización de los usuarios.
La sanción deriva de una investigación que la DPC inició hace más de seis años luego de haber recibido quejas de organizaciones de defensa de los derechos del consumidor. Según Reuters, estuvieron bajo la lupa tres funciones específicas que estuvieron activas entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Multa a Google en Europa: ¿qué hacían las funciones apuntadas por la DPC?
El trío de características que la firma de Mountain View desactivó en el 2020 permitían el procesamiento de la actividad de los usuarios, tanto en la Web como en aplicaciones móviles, con acceso al historial de ubicaciones precisas.
Una de ellas era una configuración en las cuentas de Google que dejaba expuesta ante los ojos del conglomerado tecnológico el historial de navegación, de búsquedas y los datos de ubicación.
Otra de las funciones rastreaba la geolocalización en dispositivos móviles compatibles. Si bien era de activación voluntaria, recopilaba información inclusión cuando el usuario no estaba utilizando servicios de Google, según notó la publicación Bleeping Computer.
La DPC sostuvo que Google incumplió la obligación de ofrecer transparencia en el funcionamiento de esas opciones y que, además, almacenó los datos de ubicación durante más tiempo del necesario.
“Los de ubicación son un tipo de datos personales que se procesan mediante el seguimiento de la ubicación e incluyen información recopilada o procesada por Google, que por sí sola o en combinación con otra permite inferir la ubicación de una persona”, detalló Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC. “Pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a las personas. Por ejemplo, mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información, incluyendo aquella que es inherentemente privada”, observó.
Al respecto, Doyle notó que “los usuarios podían desconocer que su ubicación se estaba utilizando para, por ejemplo, influir en ellos mediante anuncios o deducir sus intereses, y podían perder el control sobre sus datos personales”. Además, comentó que “la conservación de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control”.
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Además de la multa de 403 millones de euros, la DPC exigió a Google que adapte el tratamiento de los datos a las normativas vigentes en un plazo máximo de seis meses.
La respuesta de Google luego de la sanción en Europa
“Este caso se centra en políticas anteriores que ya han sido actualizadas. Desde 2019, hemos evolucionado considerablemente nuestras prácticas y lanzado herramientas sólidas que simplifican la gestión de los datos de ubicación”, comentó un vocero de la firma estadounidense.
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