Luis Vázquez sufrió un ACV en 2016 y permaneció internado hasta agosto de 2017, cuando murió a la edad de 80 años. Según denunciaron sus familiares, durante ese tiempo su empleado y apoderado de confianza habría llevado adelante una maniobra para quedarse con gran parte de su patrimonio: 34 propiedades fueron transferidas mientras el hombre estaba en coma.
Casi diez años después, los herederos mantienen una batalla judicial para recuperar los bienes y reclaman que se investigue una presunta asociación ilícita detrás de las operaciones.
Según explicó el abogado de la familia, Juan Caimi, el apoderado de Vázquez, Maximiliano Teta, habría realizado una sucesión de escrituras a un ritmo inusual. “Hacía hasta cuatro escrituras por día”, aseguró el letrado en diálogo con Telenoche.
Las 34 operaciones se habrían concretado ante el mismo escribano y, según la denuncia, muchas de las propiedades fueron transferidas a familiares del supuesto comprador: su pareja, hermana, cuñados, padre e hijo, entre otros.
Además, la familia cuestionó el valor declarado en las escrituras. De acuerdo con Caimi, los inmuebles fueron vendidos por cifras que, en promedio, representaban menos del 5% de su valor real.
Los bienes están ubicados principalmente en la zona de Ezeiza e incluyen locales comerciales de alto valor. Entre ellos hay un supermercado, una estación de servicio, un lubricentro y una heladería de una reconocida cadena. Algunas propiedades continúan alquiladas y otras, según los herederos, habrían sido posteriormente vendidas a terceros.
Una tasación realizada por una inmobiliaria de la zona estimó el valor de los 34 inmuebles en unos 14 millones de dólares.
Ante el avance de la causa, la Justicia dispuso meses atrás una medida para impedir que las propiedades puedan ser vendidas o modificadas mientras continúe el proceso.
La sospecha por un allanamiento
La investigación también incorporó una denuncia por presuntas irregularidades durante un allanamiento a la escribanía donde se realizaron las operaciones.
Caimi aseguró que, el día del procedimiento, los testigos fueron convocados primero a un punto de encuentro en Monte Grande, a unos 25 minutos del lugar que finalmente debía ser allanado.
Según su relato, mientras esperaba en las inmediaciones de la escribanía, observó la llegada de un móvil policial y a personas que salían del lugar con documentación y otros elementos antes del horario previsto para el procedimiento.
El abogado filmó la situación y denunció que, cuando finalmente llegó la comitiva judicial, la documentación que consideraban relevante ya no estaba. “Vaciaron la escribanía antes de que llegara la policía”, sostuvo.
Los herederos de Vázquez reclaman ahora que avance la investigación y que se determine quiénes participaron de las transferencias. Además, pidieron que se convoque a declarar a los involucrados y que se investigue una posible asociación ilícita.
“Lo único que espero es que la Justicia empiece a ser justa y que no se siga pasando el tiempo”, expresó uno de los sobrinos de Vázquez.
La disputa judicial busca establecer qué ocurrió con las propiedades y quiénes fueron los responsables de las operaciones realizadas mientras el dueño original permanecía internado.
