El Gobierno avanza en la redacción final de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca profundizar el proceso de desregulación económica mediante modificaciones a un amplio conjunto de leyes y regulaciones.
El proyecto, que consta de 100 artículos distribuidos en ocho capítulos, atraviesa las últimas revisiones en las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada antes de ser enviado al Congreso.
La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, normas sobre navegación y cabotaje, legislación vinculada con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías. Además, deroga leyes históricas relacionadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
El objetivo del Ministerio de Desregulación es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.
Dudas entre los aliados
El alcance del proyecto ya generó cuestionamientos entre sectores aliados al oficialismo, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En esos espacios advierten sobre la dificultad de debatir en un único expediente modificaciones que abarcan actividades muy diversas.
Los bloques aliados consideran que puede haber legisladores dispuestos a acompañar algunas desregulaciones, pero rechazar otras, lo que podría complicar la construcción de las mayorías necesarias para aprobar el paquete.
Cambios en el mercado editorial
Uno de los capítulos propone derogar las leyes de Fomento del Libro y de Defensa de la Actividad Librera, que obligan a editores, importadores y representantes a fijar un Precio de Venta al Público para los libros.
La Ley de Fomento del Libro establece en su artículo primero que: “El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura”.
La Cámara Argentina del Libro ya manifestó su rechazo a la iniciativa. La entidad sostuvo que la derogación de la Ley 25.542 eliminaría el sistema que garantiza un precio único en todas las librerías del país.
“El precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”, señalaron desde la institución.
El proyecto también elimina la Ley 23.316, que establece el doblaje obligatorio al castellano neutro para películas, series, documentales y publicidades extranjeras emitidas por televisión.
Venta online de medicamentos y cambios en las farmacias
Otro de los capítulos modifica el régimen de comercialización de medicamentos. Para ello, el Gobierno propone derogar la Ley 17.565 de Farmacias, vigente desde 1967.
La reforma habilita la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
También permite que las droguerías puedan vender directamente al público si se constituyen como farmacias, libera los horarios de atención y profundiza la digitalización de recetas y registros.
Un nuevo esquema para el gas licuado
El proyecto crea además un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que limita la intervención estatal a cuestiones vinculadas con la seguridad y la fiscalización técnica.
La propuesta elimina la posibilidad de intervenir sobre precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales y promueve la libre competencia entre operadores.
Al mismo tiempo, mantiene controles sobre el estado de los envases, la seguridad de la cadena de comercialización y un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
Cambios para el agro y la industria vitivinícola
La iniciativa también introduce modificaciones para el sector agropecuario. Entre ellas, cambia el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Desde el 1 de octubre de 2027, el aporte obligatorio que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado sería reemplazado por aportes voluntarios, donaciones y servicios de certificación.
La propuesta recibió el respaldo de la Sociedad Rural de Santa Fe, que desde hace dos años reclama que la contribución deje de ser obligatoria.
En el caso del sector vitivinícola, el proyecto incorpora prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), simplifica controles, concentra la fiscalización en el tramo final de la cadena productiva y establece nuevos esquemas sancionatorios medidos en UVAs.
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Además, deroga la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). De aprobarse la iniciativa, la entidad deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y avanzar con su liquidación, mientras que los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
La eliminación de la COVIAR cuenta con el respaldo de Bodegas Argentinas, la cámara que nuclea a más de 200 empresas del sector, y coincide con proyectos presentados meses atrás por diputados de La Libertad Avanza y del PRO.
El proyecto también deroga la Ley 23.149 de envasado en origen, una norma considerada estratégica por las provincias productoras para preservar el valor agregado local. En su reemplazo, el nuevo esquema adopta los criterios técnicos establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
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