El Gobierno diseña un esquema de vigilancia permanente del Atlántico Sur que combinará radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales desde Tierra del Fuego y busca establecer un centro de comando en la Base Naval Integrada de Ushuaia. La iniciativa forma parte de la estrategia de Seguridad Nacional que Javier Milei anunció en la cadena por Malvinas y sobre la que la Casa Rosada comenzó a reforzar recursos presupuestarios.
El plan contempla incorporar capacidades de SIGINT -inteligencia de señales- para complementar la información que producen los radares. Se trata de tecnología destinada a detectar, identificar y analizar emisiones electromagnéticas, comunicaciones y señales de distintos sistemas para reconstruir movimientos y obtener información sobre los medios que operan en una zona determinada.
Ante consultas de TN sobre si el aumento de las capacidades de telecomunicaciones en Tierra del Fuego anunciado por Milei incluye radares para vigilar el Atlántico Sur, en Nación confirmaron que esa tecnología forma parte del esquema. La planificación también incorpora inteligencia de señales dentro de las capacidades que el Ejecutivo pretende desplegar en el extremo austral.
La intención es concentrar progresivamente esas fuentes de información en un esquema integrado de comando y vigilancia, que permita cruzar datos provenientes de radares, sensores, sistemas de comunicaciones y medios espaciales. La Base Naval Integrada aparece como el punto central para articular ese despliegue junto con las capacidades ya existentes de las Fuerzas Armadas.
Milei anticipó parte de esa orientación durante la cadena nacional. El Presidente anunció recursos adicionales para construir la base e “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones” y sostuvo que Tierra del Fuego debe convertirse en el principal polo logístico argentino sobre el Atlántico Sur. También ubicó expresamente la protección aeroespacial y marítima dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso.
El esquema excede así la construcción física de muelles e instalaciones para la Armada. En el Gobierno conciben el complejo austral como una plataforma desde la cual mejorar el conocimiento de lo que ocurre sobre el mar y el espacio aéreo, respaldar la actividad antártica y fortalecer la capacidad del Estado para detectar movimientos que considere relevantes para sus intereses estratégicos.
La decisión tiene además un correlato presupuestario inmediato. El DNU 867/2026, publicado después de la cadena, modificó las partidas nacionales para reforzar Defensa, Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En los fundamentos, el Ejecutivo justificó específicamente un aumento de los recursos destinados a los proyectos y actividades espaciales del organismo.
Dentro de esa reestructuración, se incorporaron $117.000 millones adicionales para la CONAE, mientras Defensa recibió recursos para avanzar con la Base Naval Integrada y con la Base Antártica Conjunta Petrel. El despliegue se completa con un refuerzo superior a $30.000 millones para la SIDE. La distribución muestra que el paquete no se limita a infraestructura naval y alcanza también capacidades espaciales y de obtención de información.
Una de las piezas que encaja en esa estrategia es el satélite SABIA-Mar, actualmente en la fase final de ensayos y con lanzamiento previsto para el primer semestre de 2027. La CONAE informó que la misión permitirá observar mares y costas y producir información estratégica para la protección de recursos naturales, la seguridad y la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva.
La combinación responde a distintas escalas de vigilancia. Los radares aportan seguimiento sobre objetivos detectables en el área; la inteligencia de señales permite identificar y analizar emisiones; y los satélites ofrecen observación sobre superficies mucho mayores. La intención oficial es mejorar la capacidad para fusionar esa información y sostener una imagen más completa de la actividad en el Atlántico Sur.
El Gobierno viene trabajando además en la modernización del esquema de protección aeroespacial. El proyecto que llegará al Congreso incluirá modificaciones destinadas a volver más operativo el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles y dar mayores garantías jurídicas para la aplicación de las reglas de protección. En ámbitos militares reconocen que actualmente existen capacidades de seguimiento, pero que el empleo de la fuerza atraviesa un procedimiento especialmente restrictivo.
La vigilancia marítima y aeroespacial es uno de los puntos que Milei decidió mantener dentro de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras dejó fuera otras reformas que habían aparecido en borradores anteriores. El Ejecutivo no incluirá cambios generales a la Ley de Seguridad Interior ni ampliará en ese expediente el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio. Las modificaciones específicas del sistema de Inteligencia también avanzarán por separado.
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La estrategia de Tierra del Fuego tiene antecedentes adicionales. La Casa Rosada viene revisando desde hace tiempo el mapa de radares, sensores e infraestructura tecnológica instalada en la provincia, incluida la situación del sistema de la empresa estadounidense LeoLabs en Tolhuin. El Ejecutivo había analizado reformular las condiciones de funcionamiento para obtener mayor acceso argentino a información y capacidades tecnológicas, aunque esa discusión corre por un expediente diferente.
Todo el esquema se inserta en la nueva definición estratégica sobre el Atlántico Sur que Milei explicitó después de los avances del proyecto petrolero Sea Lion. Durante la cadena, el Presidente sostuvo que la seguridad nacional incluye no sólo la defensa territorial sino también la economía, los recursos críticos, las comunicaciones y la capacidad de proyección sobre la Antártida. “Proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.
La Casa Rosada busca ahora traducir esa definición en una arquitectura concreta de vigilancia desde Tierra del Fuego. La Base Naval Integrada será el eje físico; los radares, la inteligencia de señales y las telecomunicaciones aportarán información táctica; y el componente espacial ampliará la observación sobre el mar y las costas. El objetivo de fondo es que la Argentina tenga una capacidad más permanente de seguimiento del Atlántico Sur y que Ushuaia funcione como uno de los centros desde los cuales se concentre y procese esa información.
